Salvador González, Presidente del CGAE, junto con la secretaria del CGAE, Encarna Orduna y Nuria Cachafeiro, representante de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA), en reunión mantenida con el Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez que se acelere la respuesta constitucional a la situación de los mutualistas que estén o hayan estado en el régimen alternativo de previsión social, incorporándolo al acuerdo alcanzado con patronales y sindicatos para facilitar el acceso a la jubilación. Tal y como se informó en dicha reunión, el Gobierno está trabajando para poner en marcha una propuesta en los próximos meses.

Más información sobre la reunión mantenida el pasado 1 de agosto en la web del CGAE

Además, según nota de prensa remitida por el CGAE, los tres grupos parlamentarios del PSOE, Sumar y Podemos, han presentado enmiendas para modificar la actual legislación y aportar soluciones al problema de los mutualistas con pensiones bajas. Todo ello, dentro del marco de la aprobación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

La Enmienda registrada por el grupo socialista reclama las “medidas legislativas necesarias para reforzar la protección social de las mutualidades de previsión social alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos”. Las enmiendas registradas por Enmienda SUMAR y  Podemos_Grupo Mixto instan de forma más específica al Gobierno la aprobación “un Real Decreto Ley para integrar con carácter voluntario en el sistema público de la Seguridad Social a los profesionales de la abogacía y la procura que están adscritos o lo hubiesen estado en las mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos”.

El presidente del Consejo General, Salvador González, se reunirá este próximo jueves, 1 de agosto, con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, a quien reclamará tanto la urgencia de abordar esta cuestión como de hacerlo partiendo de los principios constitucionales establecidos en los artículos 41 y 50 de la Carta Magna, tal y como se puso de manifiesto en el encuentro celebrado la semana pasada en la sede del Consejo