La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo nº 2209/2019 señaló que una corporación de derecho público representativa de una profesión con colegiación obligatoria para ejercer no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses profesionales a los que debe servir.

El artículo 1 del Estatuto General de la Abogacía Española establece que la Abogacía es una profesión libre e independiente, que asegura la efectividad del derecho fundamental de defensa y asistencia letrada y se constituye en garantía de los derechos y libertades de las personas. Los profesionales de la Abogacía velan por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defienden, con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido. En su artículo 67 el Estatuto señala que son fines esenciales de los Colegios de la Abogacía en su ámbito territorial respectivo la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia y la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución.

El Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, desde la necesaria neutralidad ideológica, ratifica el juramento o promesa que cada profesional que lo integra asumió de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así como los principios generales que lo integran. Manifiesta su compromiso y su confianza en el Estado de Derecho y en un sistema de división de poderes que garantice un Poder Judicial independiente, inamovible, responsable y sometido a la ley, en los términos establecidos por los artículos 1 y 117 de la Constitución y confía en los mecanismos con los que el sistema democrático cuenta para hacer cumplir la Constitución y preservar y garantizar la independencia del Poder Judicial y el funcionamiento de nuestras instituciones