La Abogacía es una profesión generalmente optimista. Ver las posibilidades de futuro siempre es más ventajoso que hacer inventario de las oportunidades perdidas. Incluso en los escenarios más adversos entendemos que es más útil buscar salidas, encontrar soluciones a los problemas.

La paz en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de que esta disponga de un servicio público de justicia que resuelva los conflictos, aplicando las leyes que la propia sociedad se ha otorgado, un servicio público que solucione problemas a las personas y proteja sus derechos y libertades.

Esa es la función primordial de la Justicia, un servicio público que lleva meses casi paralizado y no parece haber importado ni importar mucho, o al menos no lo suficiente, a los gobiernos. Con la pandemia sufrió una paralización y costó tratar de recuperar la normalidad. Después, ha sido gravemente herida por sucesivas huelgas, sin control efectivo del cumplimiento de los servicios mínimos y sin viso de solución, sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia, ni avanzar en los proyectos de ley que en éstas se habían consensuado.

Por eso, el próximo día 28 de junio, a las 12 horas, el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de todo el país convocamos a nuestros compañeros y compañeras, procuradores, personas e instituciones afectadas directa o indirectamente por esta crisis, para concentrarnos, con nuestras togas, ante las principales sedes judiciales y pedir la implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de soluciones. A unos y otros les exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien de la ciudadanía.

También exigimos a los partidos que concurren a las elecciones que hagan de la justicia una prioridad. Porque la Justicia es una cuestión de Estado.

Reclamamos recursos materiales y personales para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita, racionalización organizativa, eficiencia, eficacia, flexibilidad y proximidad a la ciudadanía.

Reclamamos un trato digno, para los profesionales y para la ciudadanía. No podemos permitir que se lesionen derechos, tampoco la falta de respeto a nuestra profesión, que se manifiesta especialmente en injerencias inadmisibles por parte de algunos Poderes públicos, en trato desconsiderado, impasibilidad ante el derecho a la conciliación de la vida profesional y personal, en una injusta valoración del trabajo que realizamos, o desprecio a la labor que se lleva a cabo por los profesionales y los Colegios.

Reclamamos la garantía de la asistencia jurídica gratuita a la ciudadanía que carece de recursos económicos y merece un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados y que perciban una compensación digna que ampare todas las actuaciones efectuadas.

Reclamamos la aprobación de una Ley Orgánica de Derecho de Defensa.

Reclamamos un Pacto de Estado que permita tener un servicio público de Justicia efectivo y de calidad.

Blanca Ramos Aranaz, Decana del Colegio de Abogados de Pamplona

Luis Miguel Arribas Cerdán, Decano del Colegio de Abogados de Tudela

Bernardo Lacarra Albizu, Decano del Colegio de Abogados de Estella

Alicia Escudero Domínguez. Decana del Colegio de Abogados de Tafalla

y los otros 96 miembros del Consejo General de la Abogacía Española.